Exfuncionarios que hoy están acusados o bajo investigación por corrupción, presunto desvío de recursos y hasta delincuencia organizada, encabezaron en la década pasada una decena de dependencias federales y gobiernos estatales a través de los cuales se fondearon con casi 6 mil millones de pesos a las empresas vinculadas con el uso del malware de espionaje Pegasus en México.
En la lista hay desde un extesorero estatal responsable del desvío de más de 60 mil millones de pesos que hoy siguen sin aparecer, hasta un exsecretario de Hacienda señalado de haber operado una red de sobornos. Y entre ellos un exgobernador a cuya administración se conoció, entre otras cosas, por espiar a activistas y periodistas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló ayer los nombres de las dependencias públicas que transfirieron recursos a esta red de empresas, algunas de las cuales son incluso compañías fachada.
A partir de esa información Animal Político detalla ahora quienes eran las cabezas responsables de estas secretarías e instituciones que directa o indirectamente fondearon al entramado empresarial responsable de la intervención ilegal de comunicaciones de más de 15 mil personas en México.
De acuerdo con la UIF, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) transfirió entre 2014 y 2016 recursos a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV, la misma compañía intermediaria que le vendió el software de Pegasus a la entonces Procuraduría General de la República. A su vez, también envió recursos a otras dos empresas implicadas en la misma trama: Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., y KBH Track S.A. de C.V.
Todas estas transferencias ocurrieron en la gestión del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien apenas el año pasado fue detenido en Estados Unidos acusado de brindar apoyo a presuntos integrantes del crimen organizado. Un reclamo diplomático por parte de México, quien no fue notificado de la indagatoria, aceleró su investigación sin que el caso llegara a juicio.
Esta no es la primera vez que la gestión de Cienfuegos es vinculada con prácticas de espionaje, hecho que además se vuelve más grave ya que la Defensa Nacional no es una instancia facultada legalmente para realizar ese tipo de intervenciones de comunicaciones privadas.
En julio de 2015 Animal Político reveló que bajo su gestión el Ejército había negociado con la empresa de ciber espionaje “Hacking Team” la adquisición de una versión especial del software “Galileo” con el que pretendía intervenir las comunicaciones de hasta 600 objetivos. La compra, además de ser potencialmente ilegal, se realizaría con un notable sobreprecio a la empresa intermediaria Neonlinx.
Los correos internos filtrados de “Hacking Team” sobre esta negociación revelaron que los militares también habían participado previamente en la compra de equipos de espionaje al empresario Susumo Azano.
La responsabilidad directa de estas negociaciones estuvo a cargo del general Rogelio Castellanos Franco, quien en el sexenio pasado ocupó un cargo directivo en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Por otro lado, la UIF reveló que la Secretaría de Marina también estuvo implicada en pagos a las empresas Grupo Tech Bull SA de CV y Balam Seguridad Privada, por montos superiores a los 140 millones de pesos, entre 2013 y 2014. Se trata del periodo en que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz estaba al frente de dicha institución.